En diciembre del año pasado, un anuncio repentino sacudió a los peruanos.

Esta situación intolerable no puede continuar.

Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país,

tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción.

Luego de una larga batalla entre el poder ejecutivo y el legislativo

y en medio de una investigación

por corrupción que lo afectaba en forma directa, el entonces presidente de la República Pedro Castillo

anunció un régimen de excepción y la disolución del Congreso.

Fue un intento de golpe que duró poco más de dos horas y que llevó a su detención. Ese mismo día la vicepresidenta Dina Voluarte asumió al poder, volviendose en la sexta mandataria en cuatro años.

Desde entonces, los ciudadanos se han manifestado en todo el territorio.

Algunos a favor de Castillo, otros solo en contra de Voluarte.

Pero todos con el mismo sentimiento.

Indignación hacia el gobierno central.

Desde mediados de Nero, manifestantes de diversas regiones del país han marchado hacia la capital para presentar

sus reclamos en la sede misma del poder.

Es una movilización excepcional en la historia de Perú. En muy pocas ocasiones las

protestas regionales logran salir de su territorio. Mientras desde Lima se acusaba la movilización

de ser manipulada por terroristas, por enviados del expresidente Boliviano Evo Morales o cualquier otro agente externo,

a través de las redes circulaban videos que mostraban delegados de comunidades campesinas,

estudiantes y trabajadores embarcándose hacia Lima.

Nadie convoca a canos, auto convocamos y asista por todo el Perú. Por eso es la voz de protesta de todos, verdaderamente los peruanos.

Estamos indignados.

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